Brasil refuerza el control sobre los proveedores de servicios de activos virtuales con auditorías externas obligatorias

El panorama regulatorio criptográfico de Brasil se ha vuelto aún más riguroso con la introducción de la Instrucción Normativa No. 739, vigente a partir de la última emisión del viernes. Como resultado, los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) que deseen operar dentro del país ahora deben someterse a un examen exhaustivo por parte de un auditor externo certificado, un requisito que amplifica el ya exigente proceso de concesión de licencias.
En un intento por reforzar su marco de lucha contra el lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo (CFT), el Banco Central de Brasil ha ordenado que los VASP se sometan a auditorías independientes. Estas evaluaciones, conocidas como "informes de seguridad razonable", están diseñadas para examinar varias facetas de las operaciones de un VASP, incluidas sus políticas institucionales, estructura organizacional y protocolos de capacitación de empleados. Las auditorías también profundizarán en los mecanismos internos de evaluación de riesgos de la compañía, particularmente aquellos relacionados con el potencial uso indebido de sus productos y servicios para actividades ilícitas.
Además, los informes deben evaluar la capacidad del VASP para monitorear, analizar y reportar transacciones sospechosas, así como su capacidad para detectar y prevenir actividades fraudulentas. Las auditorías también examinarán los procedimientos de la empresa para implementar congelaciones administrativas de activos y su preparación general para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
El Banco Central de Brasil ha enfatizado que estas medidas tienen como objetivo mejorar la seguridad y la transparencia del proceso de autorización, alineando al país con las mejores prácticas internacionales en la lucha contra los delitos financieros. La medida sigue a la sonada Operación Flujo Oculto, que descubrió un enorme plan de lavado de dinero de 5 mil millones de dólares que involucraba a seis empresas de tecnología financiera y vínculos sospechosos con el Primeiro Comando da Capital, una notoria organización de narcotráfico recientemente designada como Terrorista Global Especialmente Designada (SDGT) por la Administración Trump.
Al requerir auditorías independientes, las autoridades brasileñas pretenden garantizar que los VASP que operan en el país cumplan con los más altos estándares de cumplimiento normativo, mitigando así los riesgos asociados con los delitos cripto-vinculados. A medida que el panorama criptográfico continúa evolucionando, el Banco Central de Brasil sigue comprometido a fortalecer su marco regulatorio, subrayando la importancia de la transparencia, la seguridad y la integridad en el sector de activos virtuales.